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CIUDAD DE MÉXICO.- En seis de cada de diez cárceles en el país prevalece el autogobierno de grupos delincuenciales, informó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011.
Tal es el descontrol en el interior de los centros de reclusión que en algunos casos la CNDH encontró que los internos tienen en su poder las llaves de los candados de sus celdas.
“Dado que no hay clasificaciones ni separaciones adecuadas en la gran mayoría de los centros de internamiento, sí, grupos delincuenciales organizados están con el control en algunos de estos sectores, son ellos precisamente que con su poderío económico y también con su organización logran en algunas ocasiones tener también hacia dentro condiciones que les permiten en buena medida encontrarse en situaciones totalmente contrarias a cómo debería ser en términos legales”, advirtió el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.
En las cárceles se pueden encontrar bebidas alcohólicas, armas y drogas, hasta bates de beisbol, chips para celular e incluso gallos de pelea y palomas mensajeras.
De acuerdo con el diagnóstico presentado por la comisión, parte del problema tiene que ver con la sobrepoblación y hacinamiento en el que actualmente se encuentran los centros penitenciarios.
En el país hay 238 mil 269 reos, pero sólo existe una capacidad instalada para 189 mil 397 reclusos, lo que implica una sobrepoblación de 48 mil 872 internos.
A ello se suma la falta de custodios, pues lo recomendado en los estándares internacionales es que debe existir al menos uno por cada diez internos. En el caso de Piedras Negras, donde se presentó la más reciente fuga de 131 reos, había sólo uno por cada 70, situación que, según la CNDH, se replica en otros centros penitenciarios del país.
Entre 2010 y 2012, el organismo público autónomo contabilizó 14 fugas, 521 internos evadidos, 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y hubo dos motines con un saldo de dos muertos y 32 lesionados.
“Con las condiciones actuales de los centros de reinserción no habrá política de seguridad pública que dé resultados. Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional que cumpla con su propósito principal que es la reinserción del sentenciado. Ninguna política de seguridad pública dará resultados si no se atienden y se corrigen las condiciones que actualmente enfrentan los penales en el país”, planteó el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
Según el informe que se realizó a partir del muestreo de un centenar de establecimientos penitenciarios más poblados en el país, con lo que se abarcó 75 por ciento de la población total penitenciaria, los centros de reclusión peor evaluados se encuentran en el Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit, que obtuvieron una calificación reprobatoria en una escala de cero a diez por no presentar las condiciones mínimas que deben existir en una prisión para garantizar la integridad física del interno y una estancia digna.
El promedio nacional, de acuerdo al informe de la CNDH es 6.41 de calificación.
El penal de Piedras Negras es uno de los reprobados en el diagnóstico dado que la CNDH ni siquiera pudo ingresar a éste debido a la ingobernabilidad prevalenciente.
