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CIUDAD DE MÉXICO.- La transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, así como la eventual limitación del derecho de huelga se convirtieron en el centro de la disputa entre la apuesta irreductible del presidente Felipe Calderón y el PAN, y la defensa irrenunciable de los sindicatos del PRI y de los “independientes” que enarbolan la bandera de izquierda.
Se trata de 12 artículos de la iniciativa de reforma laboral que los sindicatos, senadores y diputados federales del PRI y la izquierda califican de inconstitucionales y violatorias de los acuerdos internacionales que protegen la autonomía sindical y el derecho de huelga.
Derecho irrenunciable de los trabajadores y exigencia generalizada de la sociedad, responden Felipe Calderón y el PAN.
Thomas Wissing, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, abona en favor de las dos partes.
“No estoy seguro de que una auditoría cada seis meses sea procedente. Desde el punto de vista de la OIT lo que nos interesa es que respeten los derechos de los trabajadores, que sea en beneficio de los que ya están en el mercado laboral y de los que buscan entrar”, dice.
José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México, también asume una posición neutral.
“En la medida en que haya un balance y desde luego que se tomen en cuenta los posicionamientos de los sindicatos, yo creo que es muy importante, pero lo más importante es que sumemos fuerzas para que se apruebe una reforma consensuada y pase”, afirma.
Además, el mandatario federal quiere que una huelga sólo dure dos meses, pues permite que concluya por laudo de la Junta General de Conciliación y Arbitraje.
Establece que “los trabajadores tendrán la posibilidad en todo momento después del estallamiento de la huelga, de someter el motivo de la misma a la decisión de la Junta.
“Si la huelga se prolonga por más de sesenta días, sin que los trabajadores hayan sometido el conflicto a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros que acrediten su interés, en cualquier momento podrán solicitar por escrito se inicie el arbitraje correspondiente. En los demás casos, se requerirá que transcurran por lo menos ciento veinte días para que se pueda solicitar el referido arbitraje”, lo cual es interpretado, junto con otros elementos, como parte de los retrocesos en las conquistas laborales.
Por su parte, el ex juez en Materia del Trabajo Jorge Sánchez Delgado considera que es anticonstitucional y contrario al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la libertad sindical debido a que la huelga es un derecho de los trabajadores y no de los patrones por lo que si este aspecto queda limitado se estaría afectando la esencia de la huelga.
“Hay que recordar que el emplazamiento a huelga, es un derecho de los trabajadores protegido por la Constitución y normado por la OIT, por lo que nadie puede o debe fijarle límites. Si esta iniciativa es aprobada por el Congreso hay que tener por seguro que un futuro muchos casos llegarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación promoviendo acciones de inconstitucionalidad”, asegura.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que “para declarar la insubsistencia de la suspensión laboral, por la Junta responsable, necesariamente habrá de requerirse del sindicato promovente, intervenga en defensa del interés que represente, ante la solicitud formulada para su levantamiento, pues de no hacerlo y procederse de plano, tal medida, constituye notoria violación de garantía en perjuicio de los trabajadores participantes”.
Sobre la obligación sindical de entregar cuentas de sus finanzas y decisiones a sus trabajadores afiliados, así como permitir que un auditor externo haga revisiones aseguró que es desigual, ya que en la reforma no se obliga a los patrones a informar lo relativo a sus finanzas.
Y en la arena legislativa, los diputados y senadores de la República defienden sus posiciones.
El priista Ricardo Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, advierte que “nosotros estaremos planteando con claridad el respeto a los derechos de los trabajadores que están contenidos en el 123 constitucional, específicamente autonomía sindical y por otra parte evidentemente que no se trastoque la posibilidad de una contratación colectiva o del derecho de asociación de los trabajadores.
“No podemos y no queremos movernos en algo que está establecido en la Constitución. No es de nuestra indisposición. Lo único que debemos plantear en ese documento es nuestra suma a lo que dice el artículo 123 la Constitución”, dice.
Aclara que hay un sí a la transparencia sindical, “en la medida en que ésta esté establecida por los propios trabajadores, que se les rindan cuentas, que sea a ellos a quienes sus dirigentes sindicales tengan que respetar de su participación activa. Y en esa medida respetar nosotros como legisladores de atender los convenios internacionales que en esos temas el país tiene signados”.
Y sobre el auditor externo aclara que con eso “se estaría buscando que alguien externo intervenga en los sindicatos y eso no lo permite la Constitución. Ni los convenios internacionales que tenemos firmados y hay que respetar”.
Ricardo Fidel Pacheco muestra así también la posición de sus compañeros senadores, que son dirigentes sindicales, como Isaías González, de la CROC, y Armando Neyra, de la CTM, quienes también dejan en claro que no cederán en estos puntos.
