NOTICIA-INTERNACIONAL/ALTAR AL DIA
CIUDAD DE MÉXICO.- A sólo un año cinco meses de que iniciara el
mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, docenas de funcionarios
públicos de primer nivel entre ellos ocho ministros de su gabinete han
renunciado o fueron despedidos de sus cargos, algunos de ellos por acusaciones
de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entre los que se encuentran el ex jefe
de gabinete, Antonio Palocci; el ex ministro del Trabajo, Carlos Lupi; el ex
titular de transportes, Alfredo Nascimiento; el ministro de Agricultura, Wagner
Rossi; y el de Deporte, Orlando Silva.
Para la mandataria brasileña, la cual desde el inicio de su gobierno ha
enarbolado una lucha contra la corrupción, este combate, se ha presentado como
una carrera contra la paciencia por la cual ha tenido que asumir varios costos
políticos, entre ellos una advertida crisis dentro de su gobierno de
coalición.
En entrevista con Excélsior, el politólogo brasileño y
editor de la revista política Estrategia y Análisis, Bruno Lima Rocha,
opina que tal desajuste político poco tiene que ver con las medidas tomadas por
la Presidenta en contra de la corrupción, y asegura que son el resultado de los
fenómenos típicos de un Estado con distintos niveles de control: “lo que hay es
una relación muy tensa entre el Ejecutivo y el Parlamento, no veo cruzada y sí
una herencia de alianzas que ella mismo ayudó a construir y un pragmatismo
político que lleva a límites muy peligrosos”.
Actualmente Brasil es la sexta economía mundial y fue definida por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) como el principal motor de desarrollo para América
Latina. Sin embargo, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de
América Latina (IDD-LAT), la percepción de la corrupción en ese país recibió la
calificación más baja en 2011 en los últimos diez años.
Los escándalos de corrupción de altos funcionarios se han destapado
inicialmente en la prensa brasileña y continúan en procesos de investigaciones
en el gobierno, por ejemplo, Pedro Navais, ex ministro de Turismo, quien
presentó su renuncia después de ser acusado por la prensa de utilizar recursos
públicos para gastos domésticos.
En entrevista con este diario, el analista político y coautor del informe
anual del IDD-LAT, Jorge Arias, y el ministro y consejero económico de la
embajada de Brasil, Juliano Feres, coinciden que el estilo de gobernar de Dilma
hace que actúe de inmediato ante alguna acusación de irregularidades con
cualquier funcionario de su gobierno, contrario a su antecesor Luiz Inácio Lula
da Silva.
“Lula es un tipo muy conciliador, de mucha habilidad política, yo nunca vi
una persona o un grupo de personas que fuera recibido por el presidente y no
saliera sonriendo, aunque a veces les decía cosas duras. ¿Qué pasaba cuando
había ese tipo de escándalos? Lula no era una persona que enseguida cortara, él
dejaba que la investigación corriera su trámite normal y mientras no hubiera
nada definitivo o conclusivo, él políticamente abrazaba y protegía a su
asesores”, aseguró el diplomático que trabajó de cerca con el ex presidente
durante su mandato.
“Para Dilma, si la prensa revela algo y hay investigación, pues ya no tienes
la capacidad necesaria para seguir como ministro o como autoridad de gobierno
del más alto nivel y eso no pasaba con Lula”, afirmó Feres y agregó que el ex
presidente difícilmente confrontaba a funcionarios y grupos políticos para
poner ultimátum: “A Dilma no le interesa si hay investigación o cómo van éstas,
ella elimina a las personas”.
Otra de las cuestiones por las que se han presentado denuncias de
irregularidades contra los ministros han sido los desvíos de capital destinados
a obras y programas para la Copa Mundial a celebrarse el 2014, como es el caso
de Mario Negromonte, ministro de Ciudades, señalado por anomalías en el proyecto
de movilidad urbana calculado para la justa deportiva. Lo que hace preguntar a
expertos si dicha cruzada ética de Dilma se debe al control de flujo de capital
entre el sector privado y el Parlamento.
“Los acusados sostienen que en realidad lo que han hecho es faltar a algunas
reglas formales para acelerar los trabajos que son necesarios para el 2014. Lo
que ella (Dilma Rousseff) responde es que es necesario ser eficaces y acelerar
las obras, pero cumplir con las leyes. Además de que para ella un funcionario
sospechoso, sale del gobierno”, compartió para Excélsior, Jorge
Arias.
Cabe recordar que la próxima celebración de la Copa Mundial y los Juegos
Olímpicos, en 2014 y 2016 respectivamente, mantienen en el foco de la atención
mundial al país sudamericano.
Tensión en el gobierno de coalición
Ya existen señales de serios desacuerdos e incluso crisis política en Brasil
debido a que estos despidos han afectado los espacios de poder de los partidos
que integran el heterogéneo gobierno de coalición encabezado por Dilma.
“Si hay crisis en la coalición, esta no es ni moralista y aún menos
ideológica, el problema es como dicen los politólogos estadunidenses, de
pork barrel –cuando los cerdos se codean para disputar la comida–; hay
que ver que de los ocho funcionarios de alto nivel que salieron, sólo uno,
Nelson Jobim, quien era ministro de la Defensa, salió por declarar haber votado
en José Serra (candidato socialdemócrata opositor de Dilma Rousseff en las
elecciones presidenciales). Los otros siete fueron por escándalos e
investigaciones federales”, declaró Lima Rocha para este periódico.
Las disputas políticas entre el parlamento y Dilma, ya estaban tensas desde
que, a pocos meses de iniciado su gobierno, se redujo el presupuesto del
Congreso brasileño a 30 mil millones de dólares del presupuesto de 2011. Medida
que recayó sobre los denominados “fondos discrecionales”, manejados
tradicionalmente por los partidos políticos y enfureció a los partidos de la
coalición del gobierno acostumbrados a el manejo de recursos con pocas
restricciones.
“Hay quienes sostienen que Dilma está haciendo esto en realidad para
liberarse de estructuras políticas que heredó del ex presidente Lula para
construir su propio espacio de poder a partir de su imagen. Esta cruzada
anticorrupción es una pelea complicada para Dilma y también para los dirigentes
que se oponen”, comentó Jorge Arias.
El gobierno de coalición fue heredado a la Presidenta por su antecesor Lula
de Silva, y está formado por 22 partidos, entre los que se encuentran: el
Partido de los Trabajadores (PT) con 88 diputados, al que pertenece Dilma; el
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), con 79 escaños; el Partido
Socialista Brasileño (PSB) que consiguió 34. Recientemente el Partido de la
República (PR) anunció su ruptura con la coalición debido al malestar generado
por dichos acontecimientos.
Según el analista político, este conglomerado de partidos: “es una coalición
tejida artesanalmente en su momento por el ex presidente Lula. Claramente estas
cuestiones que ponen en debate y discusión el reparto de poder, están muy
trabajosamente armados durante las campañas electorales y el hecho de expulsar a
un ministro significa todo un reacomodamiento”.
A pesar de todas estas disputas políticas, la sociedad brasileña ha estado
demostrando su respaldo a la Presidenta, incluso el último de los sondeos de
aprobación revelaron que 77 por ciento de la población se encuentra conforme con
las decisiones y accionar de la mandataria, superando incluso los niveles de
aceptación obtenidos por el ex presidente Lula, en el mismo tiempo de mandato.
Dato que, para Jorge Arias, es relevante y revela otra de las causas por las
que el gobierno se encuentra “crujiendo, en estos momentos está
contraponiéndose la antigua corporación política de dirigentes partidarios con
una Dilma que tiene una alta estima en la consideración pública brasileña”.
Lima Rocha apuntó que “la Presidenta es honesta y capaz, pero muy pragmática,
ha aceptado gobernar con la misma gente que gobernó junto a Lula y que también
fue base de apoyo de los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, aunque
reiteró que no se deben confundir las relaciones de la base de gobierno y sus
tejes y manejes políticos con la cruzada contra la corrupción”.
