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CIUDAD DE MÉXICO.- En acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que se debía sancionar al Partido del Trabajo y al Movimiento Ciudadano por los spots de Jorge Arvizu El Tata, en los que se consideró que se hicieron actos anticipados de campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador, el IFE impuso sanciones a los dos partidos que suman 7.6 millones de pesos.
Para el PT, la sanción fue de cuatro millones 723 mil 925 pesos y para Movimiento Ciudadano la sanción ascendió a dos millones 952 mil 453.
En esta queja no se sancionó al beneficiado en los videos, Andrés Manuel López Obrador, debido a que se ha seguido el criterio de que los contenidos de los spots son responsabilidad de los partidos y no de quienes ahí aparecen o son mencionados.
Cabe recordar que los primeros anuncios de El Tata mencionaban el sobrenombre de López Obrador, Peje, así como referencias a “ir con Morena”, organización encabezada por el tabasqueño.
En tanto, la mayoría de los consejeros redujo la sanción que proponía el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, para el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, de 20 mil pesos a una amonestación pública, después de que el Tribunal Electoral ordenara el castigo, pues consideró que el ex aspirante perredista a la gubernatura cometió actos anticipados de campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Envían queja al IEDF
En la segunda sesión extraordinaria que se llevó a cabo ayer, el Instituto Federal Electoral turnó al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) una denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD ) en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Beatriz Paredes Rangel, aspirante de ese partido al gobierno capitalino, a fin de que resuelva sobre posibles violaciones a las leyes locales.
Lo anterior, por considerar que el Instituto no tiene competencia para conocer de dicha queja, relacionada con una supuesta ventaja indebida de Paredes Rangel, al promocionarse en la radio y televisión durante el periodo de precampaña, correspondiente al proceso electoral en el Distrito Federal.
En el proyecto se precisó que las conductas denunciadas no impactan en el desarrollo del proceso electoral federal, pero sí en el ámbito de la contienda capitalina, cuya vigilancia corresponde a las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales.
