Organizaciones presentaron un informe que será analizado el próximo 31 de enero en el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU
CIUDAD DE MÉXICO.- Un informe de organizaciones de la sociedad civil pide a la ONU que reconozca la existencia de un “conflicto armado singular” en México y previene de la participación de niños en esa lucha.
El conflicto es singular porque el crimen organizado no se plantea necesariamente tomar el poder político, sino generar condiciones de ilegalidad y fragmentación de las instituciones públicas para garantizar un margen de maniobra que les permita tener poder y control económico.
La petición y el informe serán analizados junto con la información que brinde el gobierno mexicano, el próximo 31 de enero, ante el Comité de los Derechos del Niño, respecto del cumplimiento del Protocolo Facultativo que es evaluado por 18 expertos de Naciones Unidas.
“Esta particularidad lo que intenta es provocar y promover un debate necesario en cuanto a que la realidad que vive México está siendo, de alguna manera, paradigmática frente a escenarios que, es muy probable, comencemos a enfrentar en la región. “Nos referimos a la presencia y crecimiento del crimen organizado como un actor que ya está influyendo de manera notable en la vida de niños y niñas”, argumentó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
La denominación de “conflicto armado singular” implicaría, explicó el director de la Redim, la obligación del Estado mexicano de tomar acciones urgentes para la protección de niños, niñas y adolescentes “Cada que haya un operativo tendría que contarse con un protocolo de actuación si existen niños en la escena, incluso, esto implicaría también, que se pudieran frenar los operativos para que los niños quedaran protegidos o, en su caso, llevar personal especializado para la atención inmediata de estos adolescentes o niños”, detalló Pérez García.
El informe alternativo de las organizaciones documenta el incremento de la tasa de homicidios dolosos contra adolescentes de entre 15 y 17 años.
De acuerdo con la investigación —enviada ya al Comité de los Derechos del Niño— en sólo un año, de 2007 a 2008, en Baja California la tasa de homicidios en ese rango de edad subió de 8.33 hasta 24.3 por cada 100 mil personas, lo que significa un incremento de 291%.
El aumento más notable de asesinatos de adolescentes se dio en Sinaloa, donde pasó de 3.13 hasta 17.01, es decir, 543% más. En su investigación las organizaciones hacen referencia a un total de 994 niños y niñas que de diciembre de 2006 a octubre de 2010 murieron en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
“El impacto, hay que decirlo, también es para los que quedan vivos: hasta 70% de los adultos de ciudades como Juárez, Monterrey y México no permiten que niños y niñas salgan a jugar a las calles por miedo a que puedan ser lastimados, según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
Para Pérez García, más que un dato aislado esto implica que esos niños no desarrollarán los elementos básicos de socialización y de construcción de vida comunitaria, lo que volverá a esta generación de infantes mexicanos más vulnerables a múltiples riesgos, entre ellos al consumo de sustancias ilegales o a ser objetos de explotación
CIUDAD DE MÉXICO.- Un informe de organizaciones de la sociedad civil pide a la ONU que reconozca la existencia de un “conflicto armado singular” en México y previene de la participación de niños en esa lucha.
El conflicto es singular porque el crimen organizado no se plantea necesariamente tomar el poder político, sino generar condiciones de ilegalidad y fragmentación de las instituciones públicas para garantizar un margen de maniobra que les permita tener poder y control económico.
La petición y el informe serán analizados junto con la información que brinde el gobierno mexicano, el próximo 31 de enero, ante el Comité de los Derechos del Niño, respecto del cumplimiento del Protocolo Facultativo que es evaluado por 18 expertos de Naciones Unidas.
“Esta particularidad lo que intenta es provocar y promover un debate necesario en cuanto a que la realidad que vive México está siendo, de alguna manera, paradigmática frente a escenarios que, es muy probable, comencemos a enfrentar en la región. “Nos referimos a la presencia y crecimiento del crimen organizado como un actor que ya está influyendo de manera notable en la vida de niños y niñas”, argumentó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
La denominación de “conflicto armado singular” implicaría, explicó el director de la Redim, la obligación del Estado mexicano de tomar acciones urgentes para la protección de niños, niñas y adolescentes “Cada que haya un operativo tendría que contarse con un protocolo de actuación si existen niños en la escena, incluso, esto implicaría también, que se pudieran frenar los operativos para que los niños quedaran protegidos o, en su caso, llevar personal especializado para la atención inmediata de estos adolescentes o niños”, detalló Pérez García.
El informe alternativo de las organizaciones documenta el incremento de la tasa de homicidios dolosos contra adolescentes de entre 15 y 17 años.
De acuerdo con la investigación —enviada ya al Comité de los Derechos del Niño— en sólo un año, de 2007 a 2008, en Baja California la tasa de homicidios en ese rango de edad subió de 8.33 hasta 24.3 por cada 100 mil personas, lo que significa un incremento de 291%.
El aumento más notable de asesinatos de adolescentes se dio en Sinaloa, donde pasó de 3.13 hasta 17.01, es decir, 543% más. En su investigación las organizaciones hacen referencia a un total de 994 niños y niñas que de diciembre de 2006 a octubre de 2010 murieron en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
“El impacto, hay que decirlo, también es para los que quedan vivos: hasta 70% de los adultos de ciudades como Juárez, Monterrey y México no permiten que niños y niñas salgan a jugar a las calles por miedo a que puedan ser lastimados, según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
Para Pérez García, más que un dato aislado esto implica que esos niños no desarrollarán los elementos básicos de socialización y de construcción de vida comunitaria, lo que volverá a esta generación de infantes mexicanos más vulnerables a múltiples riesgos, entre ellos al consumo de sustancias ilegales o a ser objetos de explotación
