CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La muerte de 49 niños en la guardería ABC, en Hermosillo, está en riesgo de “quedarse sin justicia”, mientras “miles de vidas de otros niños están en peligro”, advierte Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de las víctimas.
Juana Luna, madre de Jonathan, otro de los niños, tiene el mismo temor pero por razones diferentes. “Si las autoridades no investigan quién y por qué provocó el incendio, esto va a volver a pasar, en una guardería o en cualquier parte”.A unos meses de que termine el proceso judicial contra 22 personas, entre funcionarios públicos y titulares de la guardería localizada en Sonora, al norte del país, la organización de padres Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio expresa su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades tomen por bueno el peritaje solicitado por otros padres, agrupados en Manos Unidas y reclasifiquen el delito.
David Mitchell Smith, perito estadounidense en materia de siniestros, incendios y explosivos, presentó y ratificó el pasado 4 de junio el dictamen sobre el caso ante el agente del Ministerio Público de la Federación. Su informe fue integrado a la averiguación previa el 20 de octubre.
Manos Unidas y su defensor legal, Gabriel Alvarado Serrano, promovieron este dictamen, realizado sin costo y “por razones humanitarias”.
Esta prueba, anunciada por el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, en mayo pasado, señala que el incendio pudo ser provocado deliberadamente “por un desconocido”.
“Esto exculparía automáticamente a todos los involucrados, desde los propietarios que no atendieron las necesidades de la guardería, los encargados de las verificaciones, las autoridades estatales….todos”, dice Francisco García Quintana, presidente del Movimiento.
El Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio envió una carta a Alvarado para pedir que cese la promoción del documento, no obstante, el abogado señaló a CNNMéxico que el peritaje tiene toda la confianza de sus representados “porque les ayudó a entender qué les había pasado a sus hijos”.
Juana Luna, de Manos Unidas, grupo que ha sostenido al menos 20 reuniones con las autoridades estatales y federales, rechaza que pretendan truncar los procesos judiciales ya existentes.
“Como ellos (Movimiento Ciudadano), lo que queremos es justicia. Nosotros creemos en este peritaje, creemos que hubo un responsable directo en todo esto”, dice en entrevista telefónica.
Alvarado, detalla que las investigaciones contra los funcionarios seguirían “porque los delitos también se cometen por omisión y ellos fallaron en su obligación de cubrir las normas de seguridad”.
Abraham Fraijo, por su parte, dice que su grupo tiene pruebas suficientes para demostrar que hubo dolo por parte de los funcionarios, que no se trata sólo de una omisión, y que son responsables directos por las muertes.
Mucho más que una omisión
Según los documentos presentados en una conferencia de prensa este jueves, en 2005 las autoridades responsables de las verificaciones a ese tipo de inmuebles señalaron a la guardería ABC que era necesario ampliar la puerta de entrada e instalar las salidas de emergencia.
Además, pidieron que sustituyeran los plafones del techo con material no combustible, debido al riesgo que representaban.
Las personas a cargo de la guardería subrogada al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) no realizaron ningún cambio, pero en 2009 los verificadores los felicitaron por el buen estado de sus instalaciones
Juana Luna, madre de Jonathan, otro de los niños, tiene el mismo temor pero por razones diferentes. “Si las autoridades no investigan quién y por qué provocó el incendio, esto va a volver a pasar, en una guardería o en cualquier parte”.A unos meses de que termine el proceso judicial contra 22 personas, entre funcionarios públicos y titulares de la guardería localizada en Sonora, al norte del país, la organización de padres Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio expresa su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades tomen por bueno el peritaje solicitado por otros padres, agrupados en Manos Unidas y reclasifiquen el delito.
David Mitchell Smith, perito estadounidense en materia de siniestros, incendios y explosivos, presentó y ratificó el pasado 4 de junio el dictamen sobre el caso ante el agente del Ministerio Público de la Federación. Su informe fue integrado a la averiguación previa el 20 de octubre.
Manos Unidas y su defensor legal, Gabriel Alvarado Serrano, promovieron este dictamen, realizado sin costo y “por razones humanitarias”.
Esta prueba, anunciada por el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, en mayo pasado, señala que el incendio pudo ser provocado deliberadamente “por un desconocido”.
“Esto exculparía automáticamente a todos los involucrados, desde los propietarios que no atendieron las necesidades de la guardería, los encargados de las verificaciones, las autoridades estatales….todos”, dice Francisco García Quintana, presidente del Movimiento.
El Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio envió una carta a Alvarado para pedir que cese la promoción del documento, no obstante, el abogado señaló a CNNMéxico que el peritaje tiene toda la confianza de sus representados “porque les ayudó a entender qué les había pasado a sus hijos”.
Juana Luna, de Manos Unidas, grupo que ha sostenido al menos 20 reuniones con las autoridades estatales y federales, rechaza que pretendan truncar los procesos judiciales ya existentes.
“Como ellos (Movimiento Ciudadano), lo que queremos es justicia. Nosotros creemos en este peritaje, creemos que hubo un responsable directo en todo esto”, dice en entrevista telefónica.
Alvarado, detalla que las investigaciones contra los funcionarios seguirían “porque los delitos también se cometen por omisión y ellos fallaron en su obligación de cubrir las normas de seguridad”.
Abraham Fraijo, por su parte, dice que su grupo tiene pruebas suficientes para demostrar que hubo dolo por parte de los funcionarios, que no se trata sólo de una omisión, y que son responsables directos por las muertes.
Mucho más que una omisión
Según los documentos presentados en una conferencia de prensa este jueves, en 2005 las autoridades responsables de las verificaciones a ese tipo de inmuebles señalaron a la guardería ABC que era necesario ampliar la puerta de entrada e instalar las salidas de emergencia.
Además, pidieron que sustituyeran los plafones del techo con material no combustible, debido al riesgo que representaban.
Las personas a cargo de la guardería subrogada al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) no realizaron ningún cambio, pero en 2009 los verificadores los felicitaron por el buen estado de sus instalaciones
