CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de gasolineros que fueron extorsionados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Pofeco) para que sus bombas despachadoras no fueran verificadas denunció ante el presidente Felipe Calderón que el dinero de los “convenios” que les entregaban era para las campañas del PAN.
En el documento que los gasolineros enviaron a la Presidencia y del cual Excélsior tiene copia, se afirma que Gladis López Blanco, ex subprocuradora de Verificación de la Profeco, era quien estaba al frente del grupo de extorsionadores de la dependencia, aún estando ella fuera.
López Blanco es esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. En marzo de 2006, Gladis López renunció a la coordinación de la campaña del entonces candidato del PAN a la Presidencia en Michoacán, Felipe Calderón, y por “razones personales” en marzo de 2008 dejó la Procuraduría Federal del Consumidor.
Actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) tiene sujetos a proceso penal a seis verificadores de bombas despachadoras de gasolina de la Profeco. Y el pasado 7 de abril Antonio Morales de la Peña, bajo el argumento de dedicarse a actividades políticas en Colima, renunció al cargo de titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Cuatro días después de la renuncia de Morales, el 11 de abril, sin contextualizar absolutamente nada, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que antes de que termine este año, el gobierno federal emitirá una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) para obligar a la colocación de mecanismos especiales en las máquinas despachadoras de gasolina y garantizar la entrega de litros completos de combustible a los automovilistas.
La detención
En un boletín de prensa, la PGR informó que el juzgado décimo sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, bajo la causa penal 143/2010, dictó auto de formal prisión contra seis empleados de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La dependencia dijo, en ese boletín del 15 de octubre, que los empleados son probables responsables de extorsión calificada.
Según la dependencia, entonces a cargo de Arturo Chávez Chávez, la aprehensión se debió a “las investigaciones coordinadas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la Procuraduría General de la República”.
Sin embargo, no dice que la denuncia original proviene de un grupo de gasolineros, que desde el 26 de octubre de 2009 envió la misiva al presidente Calderón y dieron detalles pormenorizados de cómo se realizaban las extorsiones.
Y, en cambio, la PGR alude que el representante social de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-X/144/2009, derivado de la querella interpuesta por el propietario de la estación de servicio 3383 Vima-Ol, SA de CV.
En la denuncia que los gasolineros enviaron al Ejecutivo federal, se afirma que fue Morales de la Peña quien nombró a López Blanco subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y que una de sus primeras acciones fue cambiar a todo el personal de esa subprocuraduría.
Gladis López, según la denuncia, nombró a José María de los Santos Quezada como director de verificación de combustibles y a Claudia Jacqueline Castro Becerra, como directora general de Procedimientos.
Detrás del poder
A la renuncia de López Blanco como subprocuradodra de Verificación, en marzo de 2008, 15 meses después de haber asumido el cargo, el puesto lo ocupó De los Santos Quezada, que para los gasolineros es subordinado de Gladis López en la red de extorsionadores.
A la salida de López Blanco, dice la denuncia hecha en Los Pinos, “mandó un mensaje a los gasolineros que no nos habíamos alineado con la cuota mensual y que pretendíamos seguir con las denuncias, el cual era que ella, a través de su relación con el gobierno federal y el poder que ostenta su esposo Salvador Vega Casillas, no tendría ningún miramiento ni consideración en dañar el patrimonio de los que no pertenecieran a este selecto grupo como lo explicaré más adelante”.
En esa parte de la denuncia, los gasolineros se refieren a que el dinero recaudado era para el Partido Acción Nacional.
“A los gasolineros se nos comentó que el recurso que se recolectaba de los “convenios” era para apoyar la campaña del PAN”, dice el documento, que, aunque anónimo, le dice al Calderón que tienen fotografías y videograbaciones para probar su dicho.
Sobre esto, los gasolineros le dijeron al Ejecutivo federal que no creían eso del PAN, sino que más bien el dinero “era para enriquecer los bolsillos de los funcionarios”.
Intimidación y amenazas
En la explicación de los gasolineros al presidente Felipe Calderón Hinojosa se dice que para aquellos que aceptaban las condiciones de entregar 50 mil pesos mensuales, tendrían la garantía, no solamente de que no se les molestaría, si no que, para cumplir con la ley, se les avisaría uno o dos días antes de que se fuera a llevar a cabo una verificación y así salir bien librados.
La denuncia
“En cambio, con los que no quisimos entrar a este sistema, tendríamos que andarnos con cuidado, porque es muy fácil que a la hora de la verificación como arte de magia se vuelen los presintios, que los hologramas estén rotos, que las visitas sean de madrugada o simplemente que se hagan verificaciones fantasmas donde existen testigos de que se verificaron cuando realmente la verificación nunca se realizó”, dice el documento.
En la parte final del escrito recibido en Los Pinos se subraya que porque “los señalamientos son delicados e involucran a personas con un cargo en la estructura de gobierno, es que se optó por hacerlo anónimo, sin embargo, cada uno de ellos cuenta con pruebas documentales, testimoniales, gráficas, videos y grabaciones que se presentarán en el momento oportuno, siendo un requisito indispensable contar con la garantía que se respetará la integridad de nuestras personas y de nuestro patrimonios”.
¿Quién es?
Gladis López Blanco, ex subprocuradora de Verificación de la Profeco, es acusada de encabezar la presunta red de extorsión contra gasolineras.
Es esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
En marzo de 2006, Gladis López renunció a la coordinación de la campaña del entonces candidato del PAN a la Presidencia en Michoacán, Felipe Calderón, y por “razones personales” en marzo de 2008 dejó la Profeco.
Salvador Vega Casillas y su esposa Gladis López Blanco, ambos fueron personajes cercanos al presidente Felipe Calderón desde su campaña.
El secretario de la Función Pública fue su coordinador operativo de la campaña presidencial en 2006.
Y su esposa, fue la jefa de la campaña presidencial de Calderón en su natal Michoacán, donde Gladis López Blanco era delegada de la Profeco.
Después de la campaña, él fue designado al frente de la SFP. Ella, subprocuradora de Verificación de la Profeco
En el documento que los gasolineros enviaron a la Presidencia y del cual Excélsior tiene copia, se afirma que Gladis López Blanco, ex subprocuradora de Verificación de la Profeco, era quien estaba al frente del grupo de extorsionadores de la dependencia, aún estando ella fuera.
López Blanco es esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. En marzo de 2006, Gladis López renunció a la coordinación de la campaña del entonces candidato del PAN a la Presidencia en Michoacán, Felipe Calderón, y por “razones personales” en marzo de 2008 dejó la Procuraduría Federal del Consumidor.
Actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) tiene sujetos a proceso penal a seis verificadores de bombas despachadoras de gasolina de la Profeco. Y el pasado 7 de abril Antonio Morales de la Peña, bajo el argumento de dedicarse a actividades políticas en Colima, renunció al cargo de titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Cuatro días después de la renuncia de Morales, el 11 de abril, sin contextualizar absolutamente nada, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que antes de que termine este año, el gobierno federal emitirá una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) para obligar a la colocación de mecanismos especiales en las máquinas despachadoras de gasolina y garantizar la entrega de litros completos de combustible a los automovilistas.
La detención
En un boletín de prensa, la PGR informó que el juzgado décimo sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, bajo la causa penal 143/2010, dictó auto de formal prisión contra seis empleados de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La dependencia dijo, en ese boletín del 15 de octubre, que los empleados son probables responsables de extorsión calificada.
Según la dependencia, entonces a cargo de Arturo Chávez Chávez, la aprehensión se debió a “las investigaciones coordinadas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la Procuraduría General de la República”.
Sin embargo, no dice que la denuncia original proviene de un grupo de gasolineros, que desde el 26 de octubre de 2009 envió la misiva al presidente Calderón y dieron detalles pormenorizados de cómo se realizaban las extorsiones.
Y, en cambio, la PGR alude que el representante social de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-X/144/2009, derivado de la querella interpuesta por el propietario de la estación de servicio 3383 Vima-Ol, SA de CV.
En la denuncia que los gasolineros enviaron al Ejecutivo federal, se afirma que fue Morales de la Peña quien nombró a López Blanco subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y que una de sus primeras acciones fue cambiar a todo el personal de esa subprocuraduría.
Gladis López, según la denuncia, nombró a José María de los Santos Quezada como director de verificación de combustibles y a Claudia Jacqueline Castro Becerra, como directora general de Procedimientos.
Detrás del poder
A la renuncia de López Blanco como subprocuradodra de Verificación, en marzo de 2008, 15 meses después de haber asumido el cargo, el puesto lo ocupó De los Santos Quezada, que para los gasolineros es subordinado de Gladis López en la red de extorsionadores.
A la salida de López Blanco, dice la denuncia hecha en Los Pinos, “mandó un mensaje a los gasolineros que no nos habíamos alineado con la cuota mensual y que pretendíamos seguir con las denuncias, el cual era que ella, a través de su relación con el gobierno federal y el poder que ostenta su esposo Salvador Vega Casillas, no tendría ningún miramiento ni consideración en dañar el patrimonio de los que no pertenecieran a este selecto grupo como lo explicaré más adelante”.
En esa parte de la denuncia, los gasolineros se refieren a que el dinero recaudado era para el Partido Acción Nacional.
“A los gasolineros se nos comentó que el recurso que se recolectaba de los “convenios” era para apoyar la campaña del PAN”, dice el documento, que, aunque anónimo, le dice al Calderón que tienen fotografías y videograbaciones para probar su dicho.
Sobre esto, los gasolineros le dijeron al Ejecutivo federal que no creían eso del PAN, sino que más bien el dinero “era para enriquecer los bolsillos de los funcionarios”.
Intimidación y amenazas
En la explicación de los gasolineros al presidente Felipe Calderón Hinojosa se dice que para aquellos que aceptaban las condiciones de entregar 50 mil pesos mensuales, tendrían la garantía, no solamente de que no se les molestaría, si no que, para cumplir con la ley, se les avisaría uno o dos días antes de que se fuera a llevar a cabo una verificación y así salir bien librados.
La denuncia
“En cambio, con los que no quisimos entrar a este sistema, tendríamos que andarnos con cuidado, porque es muy fácil que a la hora de la verificación como arte de magia se vuelen los presintios, que los hologramas estén rotos, que las visitas sean de madrugada o simplemente que se hagan verificaciones fantasmas donde existen testigos de que se verificaron cuando realmente la verificación nunca se realizó”, dice el documento.
En la parte final del escrito recibido en Los Pinos se subraya que porque “los señalamientos son delicados e involucran a personas con un cargo en la estructura de gobierno, es que se optó por hacerlo anónimo, sin embargo, cada uno de ellos cuenta con pruebas documentales, testimoniales, gráficas, videos y grabaciones que se presentarán en el momento oportuno, siendo un requisito indispensable contar con la garantía que se respetará la integridad de nuestras personas y de nuestro patrimonios”.
¿Quién es?
Gladis López Blanco, ex subprocuradora de Verificación de la Profeco, es acusada de encabezar la presunta red de extorsión contra gasolineras.
Es esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
En marzo de 2006, Gladis López renunció a la coordinación de la campaña del entonces candidato del PAN a la Presidencia en Michoacán, Felipe Calderón, y por “razones personales” en marzo de 2008 dejó la Profeco.
Salvador Vega Casillas y su esposa Gladis López Blanco, ambos fueron personajes cercanos al presidente Felipe Calderón desde su campaña.
El secretario de la Función Pública fue su coordinador operativo de la campaña presidencial en 2006.
Y su esposa, fue la jefa de la campaña presidencial de Calderón en su natal Michoacán, donde Gladis López Blanco era delegada de la Profeco.
Después de la campaña, él fue designado al frente de la SFP. Ella, subprocuradora de Verificación de la Profeco
