HERMOSILLO,SONORA.- Debido a que un alto porcentaje de las extorsiones telefónicas se realizan desde los Ceresos, Marco Antonio Ramírez Wakamatzu propuso la instalación de equipo electrónico que bloquee las señales de celular al interior de los penales, así como endurecer las medidas para impedir el ingreso de aparatos móviles.
El acceso al servicio telefónico tendrá mayor regulación y sólo se permitirá a los reos usar aparatos fijos, debido a que el uso de celulares es un riesgo, pues a través de éstos se cometen delitos como la extorsión y la operación de bandas de delincuentes desde los Ceresos, destacó el legislador priísta.
La iniciativa plantea penas de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al interno, reo, visitante o abogado que porte o utilice un dispositivo portátil de comunicación electrónica en el interior de los Ceresos, además de que éstos serán decomisados.
Cuando el sujeto sea servidor público o forme parte del personal que labora al interior del Centro de Readaptación Social, además de la pena señalada, se impondrá la destitución del cargo e inhabilitación para obtener otro puesto público.
Además, se propone la obligación para que se instalen en todos y cada uno de los centros de readaptación del Estado de Sonora, equipos que permitan bloquear las señales de transmisión de voz y datos.
Explicó que se plantea elevar a nivel de Ley la regulación de espacios físicos designados para la realización de llamadas por parte de los internos, así como también que por Ley se prohíban los aparatos de telefonía celular, con el fin de no dar instrumentos que se presten para cometer actos ilícitos.
La iniciativa turnada para su estudio y análisis a las comisiones de Seguridad Pública y a la de Justicia y Derechos Humanos, faculta al Ejecutivo a modificar el reglamento interior de los penales y será a través del Director del Centro de Readaptación Social que corresponda, quien implemente las medidas que permitan la comunicación telefónica.
Con esta iniciativa, Ramírez Wakamatzu propone tipificar la portación y el uso de celulares al interior de los centros penitenciarios, para lo cual se adiciona tal tipo penal en el capítulo de armas prohibidas del título segundo del Código Penal relativo a los delitos contra la seguridad pública.
El acceso al servicio telefónico tendrá mayor regulación y sólo se permitirá a los reos usar aparatos fijos, debido a que el uso de celulares es un riesgo, pues a través de éstos se cometen delitos como la extorsión y la operación de bandas de delincuentes desde los Ceresos, destacó el legislador priísta.
La iniciativa plantea penas de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al interno, reo, visitante o abogado que porte o utilice un dispositivo portátil de comunicación electrónica en el interior de los Ceresos, además de que éstos serán decomisados.
Cuando el sujeto sea servidor público o forme parte del personal que labora al interior del Centro de Readaptación Social, además de la pena señalada, se impondrá la destitución del cargo e inhabilitación para obtener otro puesto público.
Además, se propone la obligación para que se instalen en todos y cada uno de los centros de readaptación del Estado de Sonora, equipos que permitan bloquear las señales de transmisión de voz y datos.
Explicó que se plantea elevar a nivel de Ley la regulación de espacios físicos designados para la realización de llamadas por parte de los internos, así como también que por Ley se prohíban los aparatos de telefonía celular, con el fin de no dar instrumentos que se presten para cometer actos ilícitos.
La iniciativa turnada para su estudio y análisis a las comisiones de Seguridad Pública y a la de Justicia y Derechos Humanos, faculta al Ejecutivo a modificar el reglamento interior de los penales y será a través del Director del Centro de Readaptación Social que corresponda, quien implemente las medidas que permitan la comunicación telefónica.
Con esta iniciativa, Ramírez Wakamatzu propone tipificar la portación y el uso de celulares al interior de los centros penitenciarios, para lo cual se adiciona tal tipo penal en el capítulo de armas prohibidas del título segundo del Código Penal relativo a los delitos contra la seguridad pública.
