NOTICIA-NACIONAL/ALTAR AL DIA
MÉXICO.- Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas,
aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e
invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en
dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.
No se ha iniciado todavía ningún cargo penal contra Yarrington, pero las
medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario
público recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de
varios esquemas de extorsión o soborno’’.
En ese entonces Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para
“convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios
mecanismos de lavado de dinero” según los documentos interpuestos en Corpus
Christi. El otro caso fue presentado en San Antonio.
Las autoridades de EU intentan decomisar un condominio en la isla South Padre
y una propiedad de 186 hectáreas en San Antonio
EU busca decomisar propiedades de Yarrington
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba aceptó millones de
dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en
bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de
confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.
No se ha incoado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue
gobernador entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil
afirman que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en
pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o
soborno”.
En ese entonces Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para
“convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios
mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus
Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla
South Padre y una propiedad de 186 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos
que fueron divulgados el martes por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato
sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con
Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de
operaciones del cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington Ruvalcaba recurrió a
un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para
que fuese el comprador oficial del condominio de 450 mil dólares en South Padre
en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la
detección de la policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para
liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo
con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los
detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un
comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad
también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante “fondos
ilícitos”.
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un
empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió
dinero del cártel del Golfo para sobornar a funcionarios en Tamaulipas a fin de
garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del
cártel.
La acusación contra Cano Martínez en Brownsville por cargos de lavado de
dinero se basa en que tanto él como “uno o más socios de la confabulación no
acusados formalmente” utilizaron un préstamo bancario de 67 millones de dólares
para comprar una propiedad de 186 hectáreas en el condado de Bexar del que San
Antonio forma parte.
Cano era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de
Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde
1993.
Uno de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009 para una
sección de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto
industrial de Altamira. Un auditor federal lo obligó a regresar dos millones de
pesos por tramos de ese proyecto que fueron pagados pero que quedaron sin
pavimentar.
Cano está prófugo y no tiene abogados que lo representen en el caso.
En tanto, la versión digital de The Houston Chronicle, publica un
artículo en el que se asegura que Cano tomó dinero de los cárteles y lo entregó
a funcionarios de alto rango en Tamaulipas, según la acusación en su contra.
La demanda también acusa que creó compañías en San Antonio y en el sur de
Texas para comprar cientos de hectáreas de propiedades.