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CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que proponía liberar de inmediato a la ciudadana francesa Florence Cassez, quien cumple una sentencia de 60 años de prisión por el delito de secuestro.
Al no haberse logrado el consenso de cuando menos tres ministros en favor del proyecto, éste fue desechado. Aun así, en el contexto de la discusión, cuatro de los cinco ministros reconocieron anomalías en el caso que afectaron el debido proceso.
Votaron a favor del proyecto el propio Zaldívar y la ministra Olga Sánchez Cordero, al pronunciarse por el otorgamiento de un amparo liso y llano. Sufragaron en contra Guillermo Ortiz Mayagoitia, ex presidente de la SCJN, quien rechazó que hubiera razones de inconstitucionalidad, y Jorge Pardo Rebolledo, quien consideró que no había posibilidad de subsanar jurídicamente las deficiencias.
En tanto, José Ramón Cossío planteó que debía concederse el amparo a Cassez, pero sólo para efectos y no para otorgarle la libertad; es decir, para reponer procedimientos jurídicos violatorios de las garantías de la acusada.
Por turno de procedimiento, corresponderá a Sánchez Cordero realizar una nueva propuesta.
Seguirá en prisión Florence Cassez
Desechan el proyecto de Arturo Zaldívar y turnan a Olga Sánchez Cordero el caso, para formular un nuevo expediente, el cual no tiene plazo para presentarse
Florence Cassez no salió libre. El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que planteaba su libertad inmediata por considerar que existen anomalías en el juicio procesal, fue desechado por no contar con los suficientes votos para este efecto.
Sin embargo, cuatro de los cinco ministros reconocieron que “se dieron graves violaciones a los derechos humanos de la quejosa” y que las anomalías bajo las cuales fue detenida y puesta a disposición, sin el aviso consular correspondiente, viciaron el debido proceso.
Al haberse desechado el proyecto y no alcanzar ningún efecto jurídico, Florence Cassez permanece cumpliendo una sentencia de 60 años de prisión por ser considerada una secuestradora.
Con dos votos a favor, dos en contra y uno más para efectos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de-sechó el proyecto que liberaría a Florence Cassez de purgar su condena, que fue ratificada por un Tribunal Colegiado que la encontró penalmente responsable del delito de secuestro.
A favor del proyecto
La determinación de la Primera Sala, al desechar el proyecto, tuvo como argumento que los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero se encontraban en favor de proporcionarle a Florence Cassez un amparo liso y llano, mientras que los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo votaron en contra del proyecto, el primero bajo la argumentación de que no se tenían razones de inconstitucionalidad para que fuera admitido, mientras que Pardo Rebolledo —a pesar de que reconoció que hubo violaciones a las garantías de la secuestradora— consideró que no había posibilidad de que pudieran subsanarse jurídicamente las deficiencias.
En tanto, José Ramón Cossío consideró que debido a las violaciones que se presentaron en el proceso penal en contra de Florence Cassez debía otorgarse el amparo, pero sólo para efectos y no para darle la libertad, es decir, para reponer procedimientos jurídicos considerados violatorios de las garantías individuales de la acusada para que pudiera modificarse la sentencia.
El hecho de no haber logrado un consenso de cuando menos una votación de tres ministros a favor del proyecto éste tuvo que
desecharse y enviarse a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien por turno de procedimiento de la Primera Sala del máximo tribunal tendrá que realizar la nueva propuesta para presentarla.
La discusión del proyecto de los ministros que integran la Primera Sala —la cual está facultada para discutir temas de tipo penal y familiar— se centró en tres puntos básicos: el motivo de la admisión del amparo directo o también denominado tema de procedencia, las anomalías en la detención por haber retenido de manera injustificada a la extranjera 24 horas sin ponerla a disposición de una autoridad sin asistencia consular y el “montaje” realizado en el momento de su detención por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación en 2006.
José Ramón Cossío Díaz dijo que “en cuanto al fondo del asunto estoy de acuerdo con la concesión del amparo, pero no para la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, ya que considero que el amparo debe concederse por razones y para efectos distintos a los que se nos están proponiendo”.
El ministro propuso que debía concederse el amparo a Florence y revocarse la resolución del Tribunal Colegiado, para dejar insubsistente la sentencia del 2 de marzo de 2009 y dejar a un lado las ampliaciones de las declaraciones de los secuestrados, tras el montaje realizado en las televisoras por la AFI.
En tanto, Guillermo Ortiz Mayagoitia se manifestó en contra el proyecto por considerar que no había razones de inconstitucionalidad para aceptarlo.
“Yo me manifiesto en contra del proyecto por diversas razones: una de ellas es relativa a la procedencia de esta revisión excepcional en amparo directo que de acuerdo con la Constitución solamente procede cuando hay análisis de constitucionalidad de leyes o interpretación directa de la Constitución federal”, dijo Ortiz Mayagoitia.
Y agregó: “El proceso es indebido y atenta contra el principio de presunción de inocencia cuando se vuelve un instrumento que permita el dictado de una sentencia fraudulenta. Es por esto que no comparto las consideraciones de la consulta y mucho menos el efecto que se pretende para el otorgamiento del amparo, porque no nos corresponde a nosotros valorar los hechos”.
En contra
Jorge Pardo Rebolledo, a pesar de que consideró que existían graves violaciones al debido proceso por el “montaje televisivo” —lo que provocó que no se pusiera de inmediato a disposición la acusada—, votó en contra del proyecto por considerar que las deficiencias jurídicas no pueden subsanarse.
“Porque no solamente se limitaron a poner a salvo a las víctimas de los hechos que se investigaban, sino que —insisto— se realizó toda esta transmisión de un operativo que con posterioridad la propia autoridad reconoció que no era como habían sido las cosas en los momentos en que se llevó a cabo la liberación de las víctimas, sino que se hizo una escenificación para que los medios de comunicación lo transmitieran. Creo entonces, que este montaje genera esta demora injustificada de la puesta a disposición de la quejosa”, dijo Pardo Rebolledo.
En su turno, Olga Sánchez Cordero se pronuncio por el otorgamiento del amparo liso y llano para efectos de libertad inmediata argumentando que “sobre la base de que las violaciones a derechos humanos en cuanto a este derecho principalmente de asistencia consular, como elemento del derecho a la defensa adecuada que da lugar a un proceso dudoso, son suficientes para dejar en claro que no existen las condiciones mínimas necesarias que permitan juzgar este caso”.
En su oportunidad, el ministro ponente del proyecto Arturo Zaldívar dijo que “esta misma mayoría de ministros han coincidido con el proyecto en el sentido de que hay violaciones graves a los derechos humanos de la quejosa, y esto también creo que es muy importante que se destaque, que esta Primera Sala en los pronunciamientos que se han dado ha establecido de manera categórica que se dieron violaciones graves e injustificados a los derechos humanos de la quejosa”.
Enturbia relaciones
Las relaciones entre México y Francia se han visto afectadas en los últimos años a causa de la disputa que mantienen por Florence Cassez.
La tormenta diplomática en torno al caso se desató en febrero de 2011, cuando Sarkozy describió a Cassez como una víctima inocente del sistema judicial mexicano y demandó que la prisionera fuera trasladada a Francia por razones humanitarias.
Al respecto, el presidente Felipe Calderón declaró que México no se doblegará ante las presiones “totalmente arbitrarias e indignas” para entregar a la prisionera por “caprichos de personas o grupos”.
La controversia subió de tono cuando Sarkozy anunció que el Año de México en Francia, destinado a celebrar durante 2011 la cultura mexicana en el país europeo, estaría dedicado a Florence Cassez, lo que provocó que México boicoteara los casi 350 eventos programados en el festival.
El escritor mexicano Carlos Fuentes criticó el 5 de mayo del año pasado en París lo que calificó de “error garrafal” de Sarkozy.
Ante el inminente análisis del caso en la Suprema Corte, Calderón pidió el lunes al Poder Judicial que “la interpretación de la ley no sea una rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”.
A su vez, Sarkozy bajó notablemente el tono de sus expresiones al manifestar en días recientes su confianza “en la Justicia mexicana”, absteniéndose de emitir más comentarios “para no influir en el proceso
