Dan un mes al gobierno estatal para que haga los cambios exigidos en su gabinete y anuncian movilizaciones
OAXACA.- Por acuerdo de la Asamblea Estatal, la Sección 22 del SNTE exigirá al gobierno estatal no ejerza acción penal en contra de los profesores que aparecen en las imágenes que se han difundido en los medios de comunicación, el día de los disturbios.
Durante la plenaria concluida la madrugada de este domingo, se estableció también un plazo de un mes al gobierno estatal para que haga los cambios en su gabinete exigidos por esta gremial.
Dentro de dichos cambios, se contemplan las renuncias de los secretarios de Seguridad Pública y General de Gobierno, del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y del secretario particular del gobernador, Benjamín Robles Montoya.
Asimismo, los delegados magisteriales acordaron continuar con las movilizaciones al interior del estado.
La primera de ellas será una marcha en la región Costa para el día 24 de febrero, en tanto que al día siguiente, suspenderán clases en todo el estado para la realización de asambleas y consulta a las bases.
Dicha suspensión se repetirá el 8 de marzo para la realización de una marcha de los 70 mil trabajadores de la educación en esta capital.
También exigirá 'respeto irrestricto a la integridad física y alto a la acción penal en contra de los compañeros que han salido en la prensa' por los hechos violentos ocurridos entre profesores y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ello, pese a que alumnos de la Secundaria Técnica 1 identificaron en una red social al profesor Sigrido Olmedo, subdirector de esa institución, como el responsable de haber agredido al uniformado Marco Tulio López Escamilla, durante los citados sucesos violentos.
Durante la asamblea, el magisterio acordó además la continuidad del diálogo con la administración del gobernador de Guerrero, Gabino Cué, a fin de resolver sus planteamientos.
Sumado a lo anterior, la Sección 22 exigirá no sólo la creación de una Fiscalía Especial para investigar los hechos ocurridos en 2006 -propuesta planteada por Cué-, sino también a creación de una Comisión de la Verdad con respecto a este mismo tema
OAXACA.- Por acuerdo de la Asamblea Estatal, la Sección 22 del SNTE exigirá al gobierno estatal no ejerza acción penal en contra de los profesores que aparecen en las imágenes que se han difundido en los medios de comunicación, el día de los disturbios.
Durante la plenaria concluida la madrugada de este domingo, se estableció también un plazo de un mes al gobierno estatal para que haga los cambios en su gabinete exigidos por esta gremial.
Dentro de dichos cambios, se contemplan las renuncias de los secretarios de Seguridad Pública y General de Gobierno, del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y del secretario particular del gobernador, Benjamín Robles Montoya.
Asimismo, los delegados magisteriales acordaron continuar con las movilizaciones al interior del estado.
La primera de ellas será una marcha en la región Costa para el día 24 de febrero, en tanto que al día siguiente, suspenderán clases en todo el estado para la realización de asambleas y consulta a las bases.
Dicha suspensión se repetirá el 8 de marzo para la realización de una marcha de los 70 mil trabajadores de la educación en esta capital.
También exigirá 'respeto irrestricto a la integridad física y alto a la acción penal en contra de los compañeros que han salido en la prensa' por los hechos violentos ocurridos entre profesores y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ello, pese a que alumnos de la Secundaria Técnica 1 identificaron en una red social al profesor Sigrido Olmedo, subdirector de esa institución, como el responsable de haber agredido al uniformado Marco Tulio López Escamilla, durante los citados sucesos violentos.
Durante la asamblea, el magisterio acordó además la continuidad del diálogo con la administración del gobernador de Guerrero, Gabino Cué, a fin de resolver sus planteamientos.
Sumado a lo anterior, la Sección 22 exigirá no sólo la creación de una Fiscalía Especial para investigar los hechos ocurridos en 2006 -propuesta planteada por Cué-, sino también a creación de una Comisión de la Verdad con respecto a este mismo tema
