CIUDAD DE MÉXICO.- Los cárteles del narcotráfico operaban con “total libertad e impunidad” en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y el gobierno mexicano exhibía incapacidad para enfrentarlos, ocultaba información sobre los casos y minimizaba los crímenes relacionados con este fenómeno, de acuerdo con informes del Departamento de Estado estadunidense de 2010.
El gobierno de Washington atribuía a “la corrupción generalizada” la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y detener la violencia de los cárteles, de acuerdo con uno de los informe internos de 2011 del Departamento de Estado, desclasificado por la ONG National Security Archive y del cual da cuenta El País en su edición digital.
El reporte señala que la masacre en 2010 de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, es emblemática de la “total impunidad” con la que los cárteles operaban.
En la publicación se afirma que los informes detallan que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón ocultó información sobre las “matanzas sistemáticas de inmigrantes centroamericanos”. “Pese a que no es publicitado”, se señala, “el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva a 196”.
Uno de los expedientes de 2010 describe a Matamoros, donde hace unos días ocurrieron 13 asesinatos, como un “escenario de confrontación en el futuro próximo”. Esta ciudad, sostiene, es “el centro de operaciones del cártel del Golfo en la zona y un valioso objetivo para Los Zetas”.
Narra además que “las sospechas más graves señalan una cooperación sostenida (y en ocasiones abierta) entre algunos funcionarios y los narcotraficantes”.
El reporte de las autoridades estadunidenses, señala El País, daba cuenta de que el “abandono de las autoridades es tal que el impuesto cobrado por el narcotráfico se ha generalizado en las ciudades más peligrosas. Ocho de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsión a los grupos criminales. Solamente en Juárez más de 6.000 comercios cerraron entre 2008 y 2010”.
Añade que un documento de marzo de 2010 pintaba un escenario fuera de control, con tiroteos, quema de coches de policías, ataques indiscriminados a todo tipo de comunidades, cuerpos decapitados, “y un silencio prácticamente absoluto de las autoridades locales y regionales, sometidas por el miedo o la corrupción”.
