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Mulegé, en BCS, no tiene dinero para pagar su nómina
SANTA ROSALÍA, BCS.— Las crisis financieras en las presidencias municipales del país han empujado a los gobiernos locales a cerrar oficinas de manera temporal, otorgar vacaciones obligatorias a burócratas, dejar de pagar servicios como agua o luz y vender edificios.
El caso más reciente es el municipio de Mulegé, Baja California Sur, donde su alcalde, Guillermo Santillán Meza, ha puesto a la venta un inmueble.
Por el edificio donde se encontraban las oficinas de la Aduana, Migración y el Juzgado Mixto, en Santa Rosalía, cabecera del municipio, el ayuntamiento espera obtener 6.5 millones de pesos para pagar salarios a los mil 500 empleados que tiene.
Santillán Meza explicó en entrevista que Mulegé tiene una deuda de 157 millones de pesos.
Hasta ahora es indeterminada la cifra de municipios en condiciones similares, pero hay tres casos que resaltan por la gravedad de las medidas anticrisis.
En Erongarícuaro, Michoacán, se cerraron las oficinas entre el 16 y el 31 de julio por falta de recursos.
Las oficinas de Yuriria, en Guanajuato, no han cerrado porque el gobierno estatal les ofreció 700 mil pesos para cubrir la nómina.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la falta de dinero para comprar combustible ha obligado a disminuir los patrullajes policiales.
Municipio remata edificio para pagar sueldos
La deuda del ayuntamiento de BCS asciende a $157 millones; debe hasta siete quincenas a empleados.
Sin energía eléctrica por falta de recursos para pagar el servicio y en medio de paros laborales de empleados que no han recibido su prima vacacional, el ayuntamiento de Mulegé, al norte de Baja California Sur, puso a la venta un edificio de oficinas valuado en 6.5 millones de pesos para salir al paso de su crisis financiera.
La medida adoptada por el presidente municipal de Mulegé, el perredista Guillermo Santillán Meza, se suma a la serie de acciones desesperadas que han aplicado ayuntamientos de todo el país —tales como cerrar oficinas temporalmente, otorgar vacaciones obligatorias a burócratas o dejar de pagar servicios como el agua— para no caer en la bancarrota.
La crisis económica en Mulegé tiene a las autoridades municipales al borde de la inmovilidad, pues el pasado 13 de agosto, una vez más, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le cortó la luz y no hay fondos suficientes para pagar los 25 millones de pesos que le deben a la paraestatal.
Asimismo, en días pasados la administración municipal mulegina enfrentó un paro burocrático debido a que no se les dio completo el pago de la prima vacacional. Los líderes convocaron a los trabajadores sindicalizados a no laborar, a pesar de que la quincena se les pagó con puntualidad.
A raíz de eso y con el propósito de pagar la nómina de sus trabajadores, el ayuntamiento de Mulegé puso en venta el edificio donde se encuentran las oficinas de la Aduana, Migración y el Juzgado Mixto, inmueble que está valuado en seis y medio millones de pesos y no se encuentra dentro de la lista de patrimonio cultural, que elabora el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Será el lunes 20 de agosto cuando se recibirán las propuestas de quienes estén interesados en comprar el edificio, ello con el fin de cubrir los sueldos a empleados y funcionarios en activo, sueldo a empleados sin relación laboral actual y con demandas laborales en inminente estado de ejecución y pago a proveedores.
Santillán detalló que en el supuesto de que ninguna propuesta cubra como mínimo el valor de los avalúos, será facultad discrecional del Comité de Adjudicación, elegir al concursante preferente para la venta o de igual forma si las propuestas no son consideradas adecuadas, el Comité tendrá la facultad de declarar desierto el concurso.
Actualmente el ayuntamiento de Mulegé tiene alrededor de un mil 500 trabajadores, de los cuales 700 son sindicalizados y el resto son de confianza, compensados y funcionarios.
Sin precisar el monto del adeudo, el edil mulegino reconoció en entrevista que entre seis y siete quincenas se les debe a los trabajadores de confianza, compensados y funcionarios municipales, “con esfuerzos hemos cumplido con el pago de las quincenas y prestaciones, a los trabajadores sindicalizados”.
Guillermo Santillán dijo que el ayuntamiento de Mulegé tiene una deuda pública por el orden de los 157 millones de pesos, cantidad superior a los 128 millones 800 mil pesos reportados por la anterior administración en el proceso de entrega y recepción.
“Hay que recordar que detectamos que no se comprobó el uso de 15 millones de pesos recibidos por funcionarios recaudadores; además se pagaron a supuestos proveedores seis millones de pesos por servicios no prestados; hay un saldo no comprobado de once millones 500 mil pesos en supuestos anticipos para obras, y en 15 meses se vendieron 931 terrenos municipales a precios muy dispares, algunos por sólo mil pesos”, expresó.
En cuanto a la suspensión del suministro eléctrico, Santillán señaló que el último corte de luz fue debido a que el gobierno del estado no cumplió a tiempo con la aportación que le corresponde en el convenio donde ambas instancias hicieron el compromiso de pago ante la paraestatal.
“En pocas palabras, hoy más que nunca, el ayuntamiento de Mulegé está en la quiebra total y no podemos solicitar un préstamo bancario, porque no somos sujetos de crédito”, expresó Guillermo Santillán.
Lamentó el edil que la Empresa Exportadora de Sal (ESSA) de Guerrero Negro, les haya suspendido la entrega de dividendos que les aportaba cada año y que ascendía a poco más de 18 millones de pesos.
Por otro lado, Santillán Meza advirtió que el ayuntamiento podría clausurar las obras de la empresa Minera y Metalúrgica “El Boleo” (MMB), si la compañía canadiense (Baja Mining), encargada del proyecto minero, no les paga los 60 millones de pesos que les adeuda.
Cabe recordar que el ex presidente municipal de Mulegé, José Manuel Murillo Peralta, con fecha 10 de diciembre de 2009, firmó un documento oficial en el que exime del pago de sus impuestos a la compañía minera de capital canadiense.
Los actuales regidores decidieron desechar el escrito asumiendo una ilegalidad, ya que el antiguo cabildo no lo evalúo. Baja Mining debe pagos por trámites ante el Registro Público de la Propiedad.
El pasado 26 de julio del año en curso, los regidores de diversas corrientes políticas, por unanimidad dejaron sin efecto el documento y se le ordenó a Santillán Meza establecer un diálogo con la minera. Tendrá un año para solventar la deuda, si no la alcaldía procederá a clausurar la obra.
Conforme a la información recabada, la deuda de los cinco ayuntamientos de Baja California Sur (Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos) con instituciones públicas, bancos, proveedores y ex trabajadores supera mil 500 millones de pesos.
Debido a estos pasivos, los alcaldes enfrentan el recorte de participaciones federales, exclusión de programas gubernamentales, así como demandas civiles y laborales.
El ayuntamiento de La Paz, que encabeza la priista Esthela Ponce Beltrán, recibió de la ex alcaldesa perredista, Rosa Delia Cota Montaño, una deuda de 607 millones 897 mil 885 pesos.
Además, Esthela de Jesús Ponce Beltrán enfrenta una contingencia legal y económica por 28 millones 454 mil 485 pesos por sentencias o laudos perdidos.
Señaló que debido a deudas con el ISSSTE y FOVISSSTE, entre otras instancias federales, el ayuntamiento paceño sólo recibe 400 mil pesos de los 17 millones que le corresponden por participaciones federales cada mes.
El Presidente Municipal de Comondú de extracción panista, Venustiano Pérez, informó que la pasada administración le heredó un crédito por 67 millones de pesos para la construcción de obras inexistentes.
Afirmó que el ayuntamiento corre el riesgo de quedar fuera de los programas federales Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y de Vivienda durante 2012, porque acciones acordadas por la administración municipal del perredista ex alcalde Joel Villegas Ibarra quedaron inconclusas.
El tesorero priista del Ayuntamiento de Loreto, Alberto Higuera Pandura, reveló que la deuda pública del municipio asciende a 170 millones de pesos, incluyendo un crédito por 44 millones de pesos contratado por el ex edil perredista y ahora petista Yuan Yee Cunningham.
